ASESINATOS EN CUERNAVACA

En toda guerra hay una ética. Aún en aquella contra la delincuencia organizada, los valores que los criminales no respetan, deben ser salvaguardados por la autoridad. De otra manera sucede que, como en la manipulación de las imágenes difundidas por los medios del cuerpo del criminal Arturo Beltrán Leyva, las acciones que generaron el aplauso generalizado y acrítico de la sociedad, se convierta en un escándalo que por lo grotesco y brutal de la forma como las presentaron, también obliga a refl exionar sobre otro tema no menos importante: el cuadro de ilegalidad en el cual se dio la cacería y asesinato del jefe más violento del narcotráfi co en México.En una sociedad tan inmadura en la cultura de la legalidad, plantear en términos éticos y legales la acción de los comandos de la Marina que concluyeron en el asesinato de Beltrán Leyva, siempre es jugar a perder. Lo que opinan personas de todo tipo de educación y niveles socioeconómicos es que si un criminal es asesinado, no importa el método o las formas como se hizo, mucho menos si las acciones que llevaron a ello se enmarcaron dentro del Estado de Derecho. Lo que prevalece es el plazo inmediato (que se elimine al criminal), y no el largo plazo (¿qué impide que los abusos no se puedan repetir con personas inocentes y la guerra sucia se institucionalice?).Hay quienes festinan hoy la muerte de Beltrán Leyva que también se horrorizan cuando la autoridad destruye vidas y prestigios para terminar disculpándose cuando cometen un error. Pero el procedimiento es el mismo. Lo diferente fue que la prominencia de Beltrán Leyva hizo que se olvidara que cuando se abre la puerta de la ilegalidad, de falta de escrúpulos y se le festeja, no sólo se atrapa a delincuentes, sino de inocentes.El episodio de Beltrán Leyva tiene varias aristas.La primera es sobre su asesinato, que en castellano puro, eso es lo que fue. El presidente Felipe Calderón encargó a la Marina la búsqueda de Beltrán Leyva, culpable de acelerar la descomposición en la seguridad del país y elevar los niveles de violencia. Unidades de élite lo rastrearon, lo persiguieron, irrumpieron en casas donde presumían que estaba y atacaron un complejo residencial en Cuernavaca con más de 200 hombres, sin tener un ministerio público federal al lado, ni órdenes de cateo o de aprehensión.Este detalle puede parecer absurdo para muchos, pero no lo es. La manera como actuaron los marinos se inscribe dentro de un estado de excepción, pero el Presidente no ha utilizado los recursos constitucionales a su alcance para decretarlo. Desde el punto de vista jurídico, su guerra es sucia. Pero en la práctica, no sólo es real, sino es nacional y se maneja meta constitucionalmente.Es decir, el Presidente puede utilizar a las Fuerzas Armadas en la guerra contra las drogas y mediante un estado de excepción, que tiene que lograr con el respaldo del Congreso, ordenarles que actúen con la discrecionalidad con la que se comportaron los marinos en Morelos.Lo que hicieron los marinos es lo que está haciendo el Ejército en otras partes, pero los marinos son hoy unos héroes nacionales mientras que los soldados son violadores a los derechos humanos. La única diferencia de fondo es que los marinos acabaron con un muy importante jefe de cártel de drogas, mientras que los soldados han liquidado a personas sin fama alguna. En la realidad jurídica, ambos se mueven sobre el mismo pantano, que es la falta de un marco jurídico que les permita realizar acciones meta constitucionales sin que esas acciones se conviertan en el futuro en prueba irrefutable de violación a la ley.Los marinos y los soldados deben tener presente el enjuiciamiento histórico y político por los años de la Guerra Sucia, donde combatieron a la guerrilla en las mismas condiciones: sin marco legal para hacerlo, y con la premisa de estar defendiendo al Estado.Otra arista tiene que ver con las imágenes del cuerpo inerte de Beltrán Leyva con los pantalones bajados a las rodillas, y su cuerpo tapizado con billetes manchados con sangre. Bajar los pantalones puede interpretarse como una humillación de un militar a quien no es militar; los billetes regados sobre el cuerpo, como una señal de escarmiento. La discusión sobre quién fue responsable, si los marinos o los agentes del Semefo local, no es lo central. Si los marinos no fueron directamente responsables de uno o de los dos casos, sí lo son por omisión. En todo caso, el resultado no difi ere en nada de las narcomantas o de los mensajes que dejan los narcos sobre los cuerpos de sus ejecutados. Es decir, la patología mostrada por quienes manipularon la escena del crimen, es la misma de los sicarios: demostrar fuerza y provocar terror.Esta arista se conecta con el discurso contra la apología del delito, que ha generado censuras en materia de libertad de expresión. Si los marinos actuaron como justicieros ante la ausencia del marco legal, la difusión de esas imágenes ¿no hace también apología de un delito aunque sea por razones que se presumen buenas? ¿Por qué permitieron la entrada a medios a grabar escenas de crimen no terminadas de revisar, o se entregaron grabaciones ofi ciales a la prensa? Cuando el gobierno difunde sus imágenes propagandística es información; cuando los medios difunden imágenes no ofi ciales, es apología del delito. Es el doble rasero ético, que pasa tan desapercibido como los spots del gobierno federal donde difunden imágenes de narcotrafi - cantes con los cerros de dinero, de sus automóviles de lujo y de las legiones de hermosas mujeres a su alrededor. ¿Cuál es la diferencia entre los corridos de narcos y esta invitación a una vida mejor para quienes no tienen una? Todo está revuelto en este México que vive una guerra civil pero con leyes de nación en paz. Esta disonancia legal genera problemas innecesarios y facturas que se tendrán que pagar, tarde o temprano.No es un asunto de detener la guerra. Ya la iniciaron y ahora tiene que terminarla el gobierno. Es una guerra ética, en la cual todo el país puede y debe sumarse a ella. Pero se requiere que le den el marco legal. RAYMUNDO RIVA PALACIO